Son muchos los casos que diariamente nos dejan perplejos, en materia de justicia, que nos hacen pensar que algo no funciona y que es una amenaza para la democracia. Por estos días, esta en los medios de comunicación, la condena al Ingeniero Andrés Camargo, a quien se le cumple el desafortunado adagio popular: “Toda buena acción tiene su merecido castigo”.

Para poner en contexto, a los amables lectores, es bueno hacer una breve descripción de roles y responsabilidades en las entidades del Estado, en materia de contratación y ejecución de las obras públicas:

El Gerente, representante legal y ordenador del gasto, es quien firma los contratos. Quizás, según los estatutos, delegue algunos contratos de montos menores para firma de algún subgerente o jefe jurídico. Usualmente hay un subgerente técnico o un jefe de oficina técnica, quien tiene a cargo la coordinación de todas las labores de contratación con el apoyo de un equipo técnico.

La Entidad contrata normalmente a diseñadores de las obras y está obligado a contratar interventores para esos contratos de diseño. Igualmente se contrata a los constructores de las obras y a sus respectivos interventores.

De la oficina técnica, se asigna algún profesional que coordine y supervise los contratos antes mencionados, esta coordinación puede ser un solo profesional o un equipo de ellos. El organigrama, entonces seria: Gerente, Subgerente técnico, Jefe de oficia técnica, supervisor, interventor de diseños, diseñador, interventor de obra y constructor. Nótese que la entidad, en esta cadena, puso 4 profesionales, pero entre las otras cuatro entidades, pueden ser cualquier número pero muy superior, de 20 hasta 100 profesionales en un gran proyecto.

Si analizamos entonces la responsabilidades técnicas de un gerente, no existen, estas recaen sobre interventores del diseño, los diseñadores, interventores de obra y los constructores, contratados para hacer los diseños, construirlos y vigilar que se hagan según las especificaciones ordenadas en ellos y con los materiales adecuados. Inclusive, hoy en día, la mayoría de los contratos advierten que el constructor tiene la capacidad técnica para revisar y está en la obligación de advertir si los diseños están errados o tienen falencias, y según las normas, no debe ejecutar lo que sabe no funcionará.

Revisando con lógica, y dicen que la justicia debe ser lógica, un gerente de una empresa del estado o un gerente de un proyecto, no tiene la capacidad de controlar, revisar y supervisar todos los aspectos técnicos y para ello es que se contratan interventorías, que en teoría cuentan con el equipo profesional idóneo en cada disciplina. Así las cosas, cualquier fallo técnico no sería responsabilidad del gerente y menos a titulo de dolo que implique una responsabilidad penal. Pero algunos fiscales, jueces y miembros de organismos de control, prefieren la cabeza de un gerente, que la de los técnicos que hicieron mal las obras. ¿Porque?

Por eso, desconociendo la impecable hoja de vida del Ingeniero Andrés Camargo, Gerente del IDU, quien contrató las obras de Trasmilenio, parece absurdo que sea condenado a 5 años de cárcel, por el colapso de las losas de esa troncal y que ninguno de los técnicos encargados del proyecto haya sido castigado (diseñadores y sus interventores, constructores y sus interventores). ¿Será que da mas réditos políticos condenar a un gerente que a los responsables de las fallas técnicas?

Entre tanto vemos como verdaderos crimínales como las cabezas de las FARC no pagarán un día de cárcel.