En 1985, un comando del M19, financiado por el narcotraficante más siniestro de la historia moderna (Pablo Escobar), irrumpió a sangre y fuego en el Palacio de Justicia de Colombia. Tenían dos misiones: la primera –por la cual la mafia pago dos millones de dólares- era prender fuego a los expedientes de los narcotraficantes para impedir la extradición. La segunda: este grupo terrorista se sentía con el derecho de juzgar al Presidente y quería hacerle un juicio revolucionario, pretendiendo un derrocamiento del presidente legítimo.

El Ejército colombiano impidió el segundo de los propósitos y para ello entró al Palacio utilizando los medios a su alcance, se trataba de defender la democracia. En la operación de recuperación del orden público amenazado por los terroristas, logró rescatar con vida algo más de 250 personas aunque, lamentablemente, murieron más de 100 personas debido al ataque aleve y sanguinario del comando terrorista. Muchos de ellos murieron en el cuarto piso del Palacio por el incendio provocado por los terroristas y sus cuerpos quedaron calcinados total o parcialmente. Las imágenes que se conocen muestran escenas dantescas.

En 1986 fue conformado un equipo de jueces que se llamó Tribunal Especial de Instrucción, encargado de investigar la tragedia. Este tribunal estuvo encabezado por 3 magistrados, 10 jueces principales y 30 jueces auxiliares, se encargó de establecer, con los medios disponibles para la época, las causas y consecuencias de aquella tragedia surrealista. Al final de la investigación, no pudieron identificar todos los cadáveres, a decir verdad, identificaron bien pocos, y los no identificados fueron enterrados en fosas comunes. Posteriormente se han venido identificando algunos, pero existe un documento de Medicina Legal que dice que 27 de los NN reposan en la Fiscalía y nadie entiende porque.

El Tribunal Especial hizo todo tipo de investigaciones y cotejos, los familiares pudieron observar, como parte de la investigación, los videos que los diferentes medios de comunicación hicieron alrededor del Palacio, videos que mostraban a los sobrevivientes saliendo del palacio ayudados por soldados y policías. Unos cojeaban, otros eran ayudados a caminar y otros llevados al hombro de algún soldado. Las familias vieron los videos apenas unos meses después de la tragedia y no reconocieron a sus familiares, por una razón, ellos no salieron vivos de allí.

Años después, movido por intereses aún no del todo claros, el Fiscal General Mario Iguarán revive lo que se creía como “cosa juzgada” y lanza una teoría argumentando que al estar “desaparecidos” el delito es continuado y que es el Estado el responsable de este delito de lesa humanidad razón por la cual este delito no prescribe. Aparece, entonces, una asociación de familiares de los “desaparecidos del palacio”, que curiosamente es liderada por un señor, René Guarín, quien reclamaba a su hermana Cristina Guarín como desaparecida. Resultan por lo menos curiosas varias coincidencias: René Guarín militó en el M19, estuvo preso por terrorismo y secuestro, fue indultado como a todo el “EME” y algo aún más extraño, su hermana era abogada pero coincidencialmente estaba trabajando temporalmente como cajera de la cafetería del Palacio.

La representación legal de las familias la asume el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una ONG que se autodenomina defensora de los derechos humanos, que adicionalmente está involucrada con varias demandas al Estado, entre otras la que se origina por la masacre de Mapiripán, caso en el cual se han identificado más de 40 falsas víctimas que fueron indemnizadas por el Estado colombiano después de una sentencia de la CIDH.

No estoy afirmando que las demás familias tengan vínculos con el “EME”, pero se han dejado manipular por estos personajes quienes saben aprovechar de su dolor. Otro aspecto curioso: quienes no reconocieron a sus familiares a escasos meses de los hechos, 30 años después, dicen reconocerlos en los mismos videos saliendo del Palacio para poder sustentar la teoría de los “desaparecidos”. Por años Guarín afirmó reconocer en un video a su hermana mientras salía en los hombros de un soldado, a pesar de que otra señora, Maria Nelfy Díaz, una sobreviviente del Palacio, afirmara bajo la gravedad del juramento, que era ella la que aparecía en ese video y no Cristina Guarín.

Lo más extraño es que, ni ellos ni la justicia, han escuchado al Coronel Alfonso Plazas, quien ha repetido hasta el cansancio que deben buscar a estas personas en las fosas comunes o entre los cadáveres que aún conserva la Fiscalía sin identificar. Lo afirma Plazas, a partir de la lectura el expediente. Pues bien, tal como lo afirmara el Coronel, hace unos días aparecen tres cadáveres en las tumbas de otras personas, uno de ellos el de Cristina Guarín y dos más, Luz Mery Portela León y Lucy Amparo Oviedo Bonilla. Pero se sabe de otra señora identificada con anterioridad y entregada a su familia, familia que aún sigue reclamándola como desaparecida. La motivación parece ser el dinero de la indemnización que esperan.

El Coronel Plazas es un “chivo expiatorio”, una víctima, a quien han condenado en un juicio corrupto, a pesar de que todas las pruebas lo señalan como inocente, (inventando testigos y desatendiendo todos los principios del derecho) solo por el hecho de ser militar. La venganza del M19 y de la extrema izquierda contra los militares no tiene límites. Instalados en muchas de las esferas del poder se las han arreglado para que este soldado, que jugó un papel de héroe al salvar a tantas personas, sea castigado para poder lograr varios objetivos: Venganza, una condena millonaria al Estado –al que normalmente lo obligan a pagar 400.000 dólares por víctima, que buena parte de ese dinero ira a parar a las arcas de la ONG mencionada-, el desprestigiar a las FFMM como objetivo en la lucha por demoler la democracia y por último, un mensaje que atemoriza y mina la moral de las tropas: todos irán a la cárcel mientras ellos lleguen al poder. Por eso he sostenido muchas veces que el M19 se desmovilizó falsamente, se infiltraron en el Estado para destruirlo desde adentro y así pasará con las Farc.

El caso de Irma Franco ha sido documentado como desaparecida podría generar alguna suspicacia, de ella se dice que salió del Palacio de Justicia y llegó a la Casa del Florero. Ella habría salido en compañía de Clara Helena Encizo, quien fue dada por muerta y apareció viva años después en Méjico. Se sabe que regresó al país donde murió posteriormente. Cabe una pregunta ¿si la señora Encizo pudo vivir tantos años fuera, lo mismo podríamos preguntarnos de Irma Franco? ¿Dónde estará?

Desde el principio hemos visto a muchas personas interesadas en vendernos una historia diferente a lo que realmente sucedió algo que hoy parece ser más imperante “Estos crímenes no han sido efectivamente sancionados, frente a las estrategias de impunidad impulsadas por los altos oficiales de las Fuerzas Armadas comprometidos en los hechos”. Son las palabras de quienes, a pesar de recibir los cadáveres de sus familiares no “desaparecidos” ven que se les está esfumando el gran negocio que tenían a la vista: El negocio de las indemnizaciones por los falsos desaparecidos.