Muchas veces los comentarios que recibo de amigos motivan mis escritos, esta vez no es la excepción. Este amigo me decía que las guerras siempre deberían terminar en una negociación y que lo más importante, para consolidar la paz, sería no preguntar mucho. Advertía él, que desde ambos lados del conflicto es natural que se cometan crímenes difíciles de olvidar, pero que si no se les echa tierra encima es bien difícil el perdón y este sería un tema de nunca acabar. Argumentaba que si se preguntaba mucho, pocas posibilidades habría de llegar al final de una guerra. Que si no se entendía esto, difícilmente habría paz, perdón y reconciliación.

Estas afirmaciones me dejaron pensativo. En ese momento de la conversación yo preferí no dar mi opinión inmediatamente, aunque no estaba de acuerdo con este argumento, era mejor meditar una respuesta, a favor o en contra de este novedoso argumento. Posteriormente le di algunos argumentos en contra de los suyos, aunque creo merecían más meditación. Creo que vale la pena ampliar la reflexión.

Parecería tener razón si se piensa que entre más rápido se perdone al enemigo más rápido se podrá vivir en paz. Sin embargo la historia de la humanidad esta plagada de atrocidades que todos quisiéramos no se repitan. Es por eso las organizaciones civiles y las naciones del mundo han decidido, en las últimas décadas, que no se pueden cerrar los ojos ante las salvajadas cometidas en nombre de ninguna causa, por loable que esta parezca, y para ello, después de muchos debates, se alinearon en lo que se ha llamado el Estatuto de Roma que da origen a la Corte Penal Internacional, creada para juzgar aquellos crímenes contra la humanidad que se desvían de todos los protocolos humanitarios establecidos para la guerra.

Colombia suscribió o adhirió estos acuerdos, sin embargo aplazó su entrada en vigencia por varios años, pesando en su momento que esto permitiría concluir las negociaciones de paz con las Farc en el Caguán, emprendidas por el presidente Andres Pastrana. Esa negociación fracasó por las razones que siempre habían existido: Un puñado de delincuentes armados quierían imponer un modelo de país cuyo único argumento era un fusil, un modelo diferente al que quiere la mayoría de los colombianos y para ello se ha implementado un contrato social diseñado y adoptando por las vías que provee la democracia. Que 10.000 delincuentes, de la peor ralea, quisieran imponer su modelo de país a punta de fusíl, nunca lo ha aceptado el pueblo colombiano.

Ante esta evolución del pensamiento del mundo en torno a los crímenes de lesa humanidad, tratado al que hemos adherido, dificil sería dar la espalda a esta realidad y tratar de obviar todas las atrocidades cometidas en los últimos 100 años de vida republicana, cometidas en su gran mayoría por los grupos al margen de la ley.

A la luz de esta doctrina aceptada por la inmensa mayoría de las naciones del planeta, en los procesos de paz en Colombia, se han visto tendencias de opinión que varían según las ideologías políticas, pero inclusive desde un mismo sector hemos visto como se plantean solicitudes de justicia completamente opuestas, eso si, dependiendo de quien este en el banquillo de los acusados. Es una especie de doble moral, como algunos pensaran qué hay crímenes justificables y necesarios, mientras que otros son imperdonables.

Esta situación anómala e incoherente, mal permitiría que una teoría como la de mi amigo prosperara. Pero la existencia del Estatuto de Roma sería otro obstáculo difícil de vencer.

Para entender a que incoherencia me refiero, hagamos un poco de memoria:
A su llegada a la presidencia, Álvaro Uribe Vélez traía como bandera “la seguridad democrática” y tomó la decisión de combatir decididamente a todos los grupos ilegales, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. Hay que recordar que los dos primeros se aliaron con los terceros para financiarse aunque terminaron quedándose con el negocio en las regiones que dominaban.

Esta claro que esta mano dura fue rechazada por los guerrilleros que advirtieron que ellos con Uribe jamás se sentarían a negociar un proceso de paz. El ofrecimiento de un proceso de paz, tras la presión militar contundente y creciente, tuvo eco rápidamente entre los paramilitares y se inició un proceso de negociación que concluyó con la Ley de Justicia y Paz, que consideraba y fijaba los parámetros de una justicia transicional.

Si bien esta Ley contemplaba y daba facilidades a todos los grupos, fue satanizada y rechazada por la oposición y por los grupos guerrilleros, diciendo que era solo para los paramilitares. Recuerdo claramente como hubo muchos opositores a las ventajas ofrecidas en esta ley que argumentaban que eran exageradas e inaceptables para los crímenes cometidos por estos grupos.

Entre los principales opositores de este proceso de paz estuvieron los partidos de izquierda y ciertos lideres liberales, a quienes les parecían muy bajas las penas de prisión para aquellos que se desmovilizaran, contribuyeran con verdad y reparación para sus víctimas. Fue tan dura la oposición que enfrentó el Presidente en el trámite de la Ley 975 de 2005, que recordamos la ruptura radical y definitiva, de ciertos aliados del Gobierno como Gina Parody, Rafael Pardo y Germán Vargas Lleras, quienes se convirtieron en acérrimos y enconados opositores a esta salida pácifica al conflicto que exploraba el gobierno de turno. Recuerdo que nadie los llamó enemigos de la paz ni nada parecido, aunque si fueron protagonistas principales en una etapa de polarización que para muchos no termina.

Recordemos que Uribe extraditó a todos los jefes paramilitares, porque, al parecer seguían delinquiendo desde las cárceles, y sus condenas se crecieron, en vez de los 8 años previstos en la ley, a algunos de ellos condenados en los Estados Unidos por temas de narcotráfico y otros delitos, con condenas hasta de 16 años. Después de 15 años de la expedición de la Ley de Justicia y Paz, ya han pagado sus penas y han quedado en libertad muchos de los desmovilizados de las AUC (Así se hacían llamar los paramilitares: Autodefensas Unidas de Colombia) y cada que uno de ellos regresa al país, la prensa colombiana, escandalizada, reseñan la noticia y lanzan duras críticas por las cortas penas. No escatiman litros de tinta para dejar saber, siempre, su inconformidad, sus criticas por la atroz impunidad.

Después de Uribe, vino el presidente Santos con una idea fija: pasar a la historia por haber hecho la paz con las FARC. Esa tarea, la debía lograr a cualquier precio. No importaba cuanto debía pagar para conseguir la firma del grupo narco-terrorista en un documento anunciando el fin de un conflicto de 60 años que había desangrado al país y que nos tenía sumidos en el completo subdesarrollo desde el punto de vista social, cultural y económico. ¡Lo que costara!, no importaba el precio.

Las FARC le exigieron cero dias de cárcel, unas “penas” ridículas sin reclusión intramural y sin restricción de desplazamiento, nunca supimos cuales, pero según se dice los “jueces” de la JEP los pondrían a fumigar cultivos o a sembrar frijoles, eso en el caso en que resuelvan “condenar” a algún terrorista de las FARC. Se acordó, no un sistema judicial, sino una aparato que se inventaron al que llamaron “un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición” y nos dijeron que las “víctimas estaban en el centro de los acuerdos”. Es ahí donde empieza la burla a las víctimas, la burla a la justicia y de la verdad ha aparecido ni un ápice.

Sucedió lo que ya sabíamos, esta vez nadie se escandalizó por la inminente impunidad y por la burla a las víctimas, ni Rafael Pardo, ni Gina Parodi y mucho menos Germán Vargas Lleras se ofendieron por esta grosería y mucho menos los señores y señoras de la izquierda, que se rasgaron las vestiduras cuando les pareció que 8 años de cárcel para los miembros de las AUC era demasiado poco.

Por contrario, hoy todos estos han apoyado todas estas ventajas para las FARC que consolidan la mayor de las violaciones al Estatuto de Roma y que van en contravía de lo que el mundo piensa sobre los crímenes de lesa humanidad y su necesario castigo. Todos han apoyado que se tuerza el cuello a las normas nacionales e internacionales, y a base de loby han logrado declaraciones de fiscales de la CPI aparentemente avalando lo acordado entre Santos y las Farc. Ya veremos que sucede más adelante.

No hay que negar que son muy inteligentes. Yo siempre me he preguntado ¿donde estaría este país si toda esa inteligencia de la izquierda y de sus amigos los terroristas, se pudiera enfocar a construir Pais en vez de destruirlo? Pero, mientras la gente del común nos dedicábamos a trabajar, a producir y a sacar adelante este país, la izquierda -en gran medida financiada por el narcotráfico de las FARC- se dedicó ha hacer campañas para convencer al pueblo colombiano de que este era “el mejor acuerdo posible”. Los mismos que exigían justicia más severa en el proceso de paz contra las AUC, son quienes en el proceso con las FARC decían que no había lógica en entregar las armas para irse a la cárcel.

Para desacreditar a quienes votamos NO a los Acuerdos, nos llamaron guerreristas. El Presidente nos llamaba “enemigos de la Paz” generando una gran polarización entre los colombianos. A los que votaron SI les convencieron de lo aterrador que era que existiera gente que no quería vivir en paz.
Sin embargo hubo unos de actitud vergonzante, varios amigos me confesaron que votaron SI en el plebiscito (que se robó Santos), pero cuando vieron que ganó el NO dijeron haber respirado aliviados. Según parece a muchos les dió pena votar NO porque era políticamente incorrecto.

Pero volviendo a lo de inteligentes, me ratifico. Ellos, a pesar de haber generado violencia desde hace casi 100 años, desde la fundación del Partido Comunista Colombiano por allá en los años 20 del siglo pasado, en este siglo se presentan como los promotores de la paz, son ellos los pacifistas y todos los que hemos respetado la constitución y las leyes, somos los malos, los guerreristas y los enemigos de la paz.

Ellos hablan de reconciliación, pero no saben de eso. No es más que recordar a Gustavo Petro, supuestamente desmovilizado del M19, pero lleva años destilando odios, agitando masas, acusando a todos de crímenes cometidos por ellos y llamando a la juventud a incendiar este país. El pasó de ser un asesino perteneciente a un grupo narco-terrorista, a ser un político promotor del odio y de la lucha de clases mientras enarbola una falsa bandera de paz.

Esta es la nueva forma más de subversión, es la manera como han cambiado países como Venezuela o Nicaragua, son los mismos que se escandalizan cuando se intenta algún ajuste a la constitución pero sonrieron felices con el mamotreto de 300 paginas que le metieron desde La Habana a nuestra constitución. Todo este proceso y esta lucha es, en realidad, una extensión de la guerra de guerrillas, una guerra ideológica, jurídica y sicológica que vivimos hoy en plena intensidad. Ellos quieren que los perdonen pero no están dispuestos a perdonar.

Se apropiaron de la justicia y la cambiaron por la impunidad, con el cuento de que se requiere una justicia “restaurativa” y no una justicia “vengativa” como califican a la justicia para todos los colombianos. Pero claro, les perdonará todos sus crímenes pero ha sido diseñada la JEP para condenar militares.

De nuevo, perdón para ellos y venganza contra quienes los combatieron. Así, que la reflexión de mi amigo, aunque tenga cierta lógica, no parece viable, porque esta gente no vino a reconciliarse con Colombia, vino a imponer sus condiciones, condenar a quienes les estorben, a vengarse de quienes los combatieron y a garantizar su propia impunidad, todo con la idea fija de llegar al poder. En otras palabras, aquí no habrá paz jamás.

Se lo advertimos en su momento al presidente Santos: esa paz mal hecha, con tanta impunidad y tanta burla, no generará nada distinto a más violencia. Violencia que ya estamos viendo y que, generados por ellos mismos se la endilgan al presidente Duque.

Twitter: @jebotero