El Ejército Nacional ha sido la víctima de una justicia ideologizada a través de teorías importadas y traídas por los cabellos. Estas teorías no son nuevas en América Latina, han sido utilizadas con éxito en varios países, pero donde realmente coronaron el más fuerte golpe fue en Perú con la condena del presidente Fujimori.

Teorías como la “responsabilidad mediata”, complementaria con las llamadas “estructuras organizadas de poder”, ha sido utilizada en Colombia para significar que los jefes de una organización criminal son responsables de todas las acciones de dicha organización, han sido aplicadas para deducir, por ejemplo, que nuestros generales son responsables de los supuestos delitos que cometen las tropas en desarrollo de las operaciones contra las guerrillas. Nos rehusamos a aceptar que la justicia compare a las FFMM con organizaciones criminales y tampoco que así se catalogue al gobierno de Alvaro Uribe Velez, en una aparente venganza por los éxitos que tuvo la política de Seguridad Democrática.

Sin embargo, lo más paradójico de toda esta teoría se presenta cuando la Corte Suprema de Justicia declara a Timochenko y a Iván Márquez como inocentes de unos casos de reclutamiento forzado de menores, argumentando que ellos no alcanzan a saber todo lo que hacen sus subalternos y por tanto no son responsables, cuando de todos es sabido que el reclutamiento de menores es una directriz permanente de las Farc. Aquí vale la pena hacer énfasis en que las Farc si son una “estructura organizada de poder” en el sentido en que se refiere nuestra justicia para definir a una organización criminal. ¿De donde, entonces, nace semejante incoherencia?

Pareciera que las en las Cortes hay magistrados que ven como enemigos a las FFMM y al Presidente Uribe, cuando condenan oficiales y a ex funcionarios de aquel gobierno, con pruebas deleznables, porque quisieron proteger al país de la amenaza terrorista y del narcotráfico, que aparentemente sigue permeando a la sociedad colombiana en sus más altas esferas.

Hay eventos que generan una gran duda sobre simpatías con las organizaciones terroristas, como por ejemplo, la declaración de inválida, como prueba, de la información hallada en los computadores de Raul Reyes que dejó sin piso las investigaciones contra un buen número de líderes de la izquierda, vecinos ideológicos de las Farc, con nexos allí probados real y circunstancialmente.

Es triste que toda esta orientación de la justicia haya permitido, o promovido, que en este País se condene a los soldados por cumplir con su deber en procesos cargados de falsos testigos, orquestados por ciertas ONG que son expertas en montajes y en crear falsas víctimas, para luego acusar a los mandos por los montajes llamados “falsos positivos”. En este punto vale la pena aclarar que sabemos que los “falsos positivos” si existieron, pero que no son la cantidad que hoy nos quieren hacer creer, estrategia esta, montada para condenar a nuestros militares.

El fin último de teorías como la “responsabilidad mediata” es encarcelar al expresidente Alvaro Uribe Vélez, como sucedió en Perú con Fujimori. Vienen afinando la guillotina y ensayando el modelo de los falsos testigos, probado con éxito en la parapolítica, donde tantos inocentes fueron condenados. Esta semana, por ejemplo, nos enteramos por televisión que, precisamente el Magistrado Velazquez “abanderado de la parapolítica” y principal protagonista del caso “Tasmania”, ha estado en las cárceles y en los estrados de los EEUU, declarando en favor de Mancuso, aparentemente motivando las, recientemente anunciadas, nuevas declaraciones que el bandido hará sobre parapolítica.

Esta semana fuimos testigos, con gran sorpresa, de como la justicia participa en política con las manifestaciones hechas por los presidentes del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, en compañía del Fiscal General de la Nación, contra la reforma constitucional llamada de “equilibrio de poderes”. Si bien no estamos convencidos de sus bondades, no es procedente que prácticamente se amenace al Congreso y al Gobierno con las vías de hecho, anunciando paros judiciales, si no se “hunde” dicha reforma, porque ellos (los magistrados) consideran que se les están quitando algunas prerrogativas y la reforma no se hace según sus directrices.

Adicionalmente la propuesta de una Asamblea Constituyente “limitada”, ha sido considerada como un salto al vacío, más cuando hablan de la participación de las Farc, un grupo terrorista que aún no se ha reintegrado a la sociedad. Extraña de los magistrados, siempre “aparentemente” tan pausados y moderados en sus juicios, que se hayan salido de casillas realizando propuestas tan desafortunadas que han caído bastante mal en la opinión pública nacional. Da mucho que pensar que las Cortes propongan Asambleas Constituyentes y que coincidencialmente se apoye esta solicitud tan cacareada por las Farc.