Patrañas políticas utilizando jueces

Quienes me han leído recordarán que he mencionado “la combinación de todas las formas de lucha”. Aunque algunos periodistas ya manejan este concepto con mayor propiedad, no ocurre lo mismo con el público en general. Iván Cepeda Castro es el candidato de Petro a la Presidencia de la República en las elecciones que se celebrarán el 21 de junio de 2026 y, en mi opinión, es el mayor conocedor de estas formas de lucha en el país.

Cepeda es, a mi juicio, el discípulo colombiano más destacado del comunismo internacional y de las FARC. Militó en la JUCO (Juventudes Comunistas) y cursó estudios en un país de la Cortina de Hierro (pregrado en Filosofía, Universidad San Clemente, Bulgaria, 1987). Además, aparece en los computadores de Raúl Reyes —alto mando de las FARC abatido por las Fuerzas Armadas de Colombia en Ecuador, cerca de la frontera, donde se ocultaba bajo el amparo del entonces presidente Rafael Correa— como un par ideológico experto en “derechos humanos” y en movilizaciones, es decir, en guerra de masas.

Formado —Cepeda— en el seno del Partido Comunista de Colombia —brazo político de las FARC—, del que hicieron parte su padre y su madre, ha demostrado habilidad para manipular y agitar a las masas, pero sobre todo para incidir en la justicia. Ha aplicado esas estrategias contra militares y políticos a quienes considera sus enemigos, como Álvaro Uribe, y más recientemente contra Abelardo de la Espriella.

Conviene recordar cuáles son esas formas de lucha que, según esta visión, él maneja con tanta destreza. También se las denomina guerras de baja intensidad y, combinadas, constituyen una estrategia formidable para destruir al adversario. Las principales son: guerra de masas, guerra sicológica, guerra de organizaciones, guerra ideológica y guerra jurídica.

Veamos cómo se combinan. Cuando Colombia ha padecido grandes manifestaciones marcadas por el vandalismo, la muerte y los saqueos —que algunos han llamado eufemísticamente “estallido social”, como ocurrió en abril y mayo de 2021, y de forma muy similar en Chile en 2019—, estamos ante la convergencia de la guerra de masas y la guerra sicológica (terrorismo). Esa combinación aflora cada vez que las protestas derivan en violencia y vandalismo terrorista.

A esa dupla se suma la guerra de organizaciones: aparecen las ONG que se autodenominan defensoras de derechos humanos, con ejércitos de abogados empeñados en judicializar al Gobierno —en 2021, al gobierno Duque—, así como a policías y militares que intentan contener legítimamente el vandalismo. Al mismo tiempo, implantan narrativas destinadas a culpar a organismos del Estado por la violencia que ellos mismos promueven, e incluso difunden versiones según las cuales esos organismos pretenden sacarles los ojos a los “jóvenes” bandidos o asesinarlos.

Las ONG, a través de sus abogados, presentan denuncias y luego “consiguen” testigos que muchas veces son comprados; todo ello, presuntamente, bajo libretos enseñados y diseñados por personajes como Iván Cepeda.

En la actual campaña presidencial se han registrado actos violentos en las carreteras, así como amenazas a los electores en pueblos sitiados por las guerrillas para obligarlos a votar por Cepeda. A ello se suma que, con Petro al mando, se habría impedido a la fuerza pública contener las manifestaciones terroristas que, según esta lectura, se presentan a diario en el territorio nacional como derivación de la llamada “paz total” impulsada por Cepeda y Petro.

También han promovido demandas contra Abelardo de la Espriella con el propósito de afectar su campaña. En un primer momento intentaron impedirle el uso de la camiseta de la Selección Colombia, presentada como símbolo de patriotismo e identificada con esa candidatura. Una juez proclive al comunismo trató de imponer la restricción, pero otra juez de conocimiento revocó la medida cautelar adoptada inicialmente.

En otra tutela, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó, de manera provisional y en un plazo de 24 horas, retirar todo material publicitario en redes, sitios web y medios tradicionales que incluyera la bandera y el escudo de Colombia; el uso predominante de los colores amarillo, azul y rojo con fines de marca política; las frases de campaña “Firmes por la patria” y “Defensores de la patria”; el saludo característico, y las alusiones a las Fuerzas Militares. Afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia anuló después semejante despropósito.

Después, Cepeda afirmó que denunció a Abelardo por financiar grupos paramilitares y que lo hizo tanto ante la Fiscalía como ante la CPI (Corte Penal Internacional). Todo ello haría parte de la guerra jurídica con la que buscan frenar al candidato de la derecha.

Al parecer, están desesperados porque los números no les alcanzan. Voceros de la campaña de la extrema izquierda han salido a los medios —Gustavo Bolívar, financiador de la primera línea en 2021, y Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD— a advertir que, si no gana Cepeda, el país se incendiará. Yo no diría “se incendiará”; diría más bien que el mensaje implícito es: “lo incendiaremos”, como ocurrió en 2021. Esta vez, además, podrían hacerlo con peores consecuencias, con Petro en la Presidencia. Si, pasada la elección, al mandatario le quedaran apenas 45 días en el poder y él mismo ha insinuado esa amenaza, el escenario sería profundamente inquietante.

Por esto no podemos votar por un comunista tan peligroso.

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